Del dicho al hecho
El actual gobierno –que se califica a sí mismo como progresista- no tiene reparos en demostrar una voracidad fiscal que no tiene límites. Desde su asunción en diciembre de 2007 ya se produjeron cuatro aumentos de tasas. El que está en discusión actualmente será el quinto.
Repasemos:
-Febrero del 2008. Aumento generalizado mediante una modificación de la Ordenanza Tributaria. Las tasas aumentaron entre el 20 y el 200 por ciento.
-Enero de 2009. Modificación del valor del módulo municipal. Todas las tasas y derechos aumentaron un 18 por ciento.
-Octubre de 2009. Se crearon nuevos adicionales por Salud, Seguridad, Mejoras y Recolección, que en su conjunto significaron un incremento en el valor de la tasas por Servicios Generales de entre el 70 y el 120 por ciento, dependiendo de la zona y de las características del inmueble.
-Enero de 2010. Nueva indexación automática del módulo, aumento generalizado de todas las tasas y derechos municipales del orden del 8,5 por ciento.
Cinco aumentos en dos años y medio ya de por sí ponen en duda el carácter progresista de la gestión. Pero si se analizan en detalle las características de los mismos las contradicciones son aún mayores.
El sector más perjudicado ha sido sin dudas el comercio, donde se han registrado incrementos sostenidos en la tasa de Seguridad e Higiene, un servicio prácticamente inexistente. Pero además, proporcionalmente las grandes superficies son las menos castigadas por las subas, que recaen con mayor rudeza en los comerciantes chicos. Algo similar ocurre ahora con el campo: después de una época de tremenda sequía (durante la cual los problemas de falta de mantenimiento de los caminos no se notaban) las lluvias dejaron en evidencia los inconvenientes y la falta de inversión. Como respuesta a los reclamos de los productores rurales, la decisión gubernamental es una suba de la tasa.
Las mejoras en algunas prestaciones municipales son evidentes. No se puede negar que hoy por hoy los servicios de limpieza, barrido y recolección de residuos se prestan en mejores condiciones que durante el último tramo de la gestión de Rivarola.
Pero, por otra parte, es lo lógico, si se tiene en cuenta que la recaudación municipal se ha incrementado en alrededor de 6 millones a raíz de los aumentos antes descriptos. Es un aumento nominal, vale decirlo, vinculado al incremento en el valor de las tasas más que al crecimiento de la base tributaria. En otras palabras: no es que pague un mayor número de contribuyentes, sino que los mismos pagan más (la cobrabilidad en el comercio, por ejemplo, es cuasi compulsiva: si el comerciante no tiene sus tasas al día –las del comercio pero también las de su casa- no puede rehabilitar anualmente).
A la hora de justificar los aumentos de tasas, el gobierno municipal recurre a dos líneas argumentales: por un lado, hace referencia permanente a las obras realizadas; por el otro, se basa en la inflación y el aumento de algunos insumos como el combustible.
En relación a las obras, es importante aclarar que ninguna se hizo con fondos municipales. Absolutamente todas las obras que se pusieron en marcha durante la actual gestión fueron financiadas íntegramente por los gobiernos nacional y provincial, así como las inversiones –por ejemplo- en seguridad, otro de los caballitos de batalla a la hora de buscar justificativos para los aumentos.
Las últimas obras financiadas con fondos propios del Municipio datan del año 2003, cuando se construyó el Parque de la Salud, la terminal de ómnibus, y algunas plazas. La actual gestión ha conseguido financiar algunas obras de importancia, pero siempre con fondos provinciales y nacionales. Ello no les quita mérito en absoluto, pero sirve para dejar en claro que un aumento de tasas no está vinculado en lo más mínimo a estas mejoras.
Tampoco es del todo cierto que haya sido gracias a los aumentos de tasas que el gobierno lograra revertir el déficit en el parque vial automotor que arrastraba la comuna. La compra de maquinarias (otro de los aspectos insoslayablemente destacados de esta gestión) se realiza gracias a la implementación del sistema de leasing, por medio del cual el municipio puede adquirir las máquinas por un monto similar al de un alquiler, con una opción a compra final. Estas líneas de crédito –implementadas en la actualidad por casi todos los municipios- no existían hace diez años, y la única opción era por entonces el alquiler de maquinaria para poder prestar los servicios básicos.
Los aportes de la Nación y la Provincia tienen un peso determinante en la gestión. No sólo han servido para financiar completamente algunos programas (como el área de Medio Ambiente, que recibió en el 2009 260 mil pesos, o la Fiesta del Dulce de Leche, financiada con aportes por 400 mil), sino que además han colaborado para disminuir el rojo en las cuentas. Sin los casi 3 millones de pesos que la Provincia aportó el año pasado en carácter de aportes “No reintegrables”, el déficit municipal sería aún mayor de lo que ya es.
Las dificultades económicas de la comuna son notables, y sin embargo se repite desde el arco oficial que las finanzas están saneadas y en equilibrio. Esto, por cierto no es así. Sólo en personal, el municipio gastó en el 2009 11,7 millones en el hospital y 21 millones en el municipio. Son casi 33 millones cuando la recaudación propia no llega a los 18 millones. Con la coparticipación y el resto de los ingresos tributarios los ingresos corrientes del municipio arañaron los 38 millones. Lo que equivale a decir que luego de pagar los sueldos, al municipio le quedan menos de 500 mil pesos mensuales para poder funcionar. En el 2009 el gobierno necesitó de más de 10 millones de aportes extraordinarios (entre los que se cuentan los 3 millones de libre disponibilidad mencionados en el párrafo anterior) para poder prestar los servicios básicos.
Con claridad, se observa que la variable más complicada para el gobierno no es ni el combustible ni el valor de los insumos del hospital. Son los sueldos.
En lo que va de la gestión el gasto en personal se incrementó sólo en la administración central (sin tener en cuenta el hospital) en un 91 por ciento. De los 10,9 millones que gastó la gestión Rivarola en el 2007, Arrieta pasó a gastar en el 2009 más de 21 millones.
Sin embargo, no hubo aumentos. Según los sindicalistas sólo se pasaron al básico algunas retribuciones que se cobraban en forma no remunerativa, pero no existieron incrementos. Norma Arburúa (ATE) dijo este mes que algunos municipales de bolsillo no llegaban a cobrar 1.000 pesos.
¿Cómo se produjo entonces este incremento? Por un lado, porque –contrariamente a lo prometido en campaña- hubo un aumento en la cantidad de empleados (algunos de los cuales incluso ya serían efectivos, según la queja de los gremios no alineados con el gobierno). Por otro lado, la sospecha está puesta en el manejo de las horas extra, con las que –según aseguran los mismos gremios- el gobierno mantiene adormecido el reclamo de los sectores más conflictivos.
Es indudable que allí anida el problema más serio de la gestión. Un reclamo salarial latente (y por otro lado, justo) hace que el gobierno no encuentre otra alternativa que echar mano, una vez más, a las tasas municipales.
Claro que los argumentos utilizados por el oficialismo y repetidos incesantemente por la prensa afín al gobierno -y a la publicidad oficial- son bien distintos.
Y seguramente los argumentos aquí presentados serán para algunos producto de una oscura operación política o un afiebrado análisis basado en una “ignorancia supina”, tal como suelen calificar desde el oficialismo las opiniones de quienes se resisten a amoldarse al discurso hegemónico.
Fernando Abdo
LA INFORMACION
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